Desde el Observatorio
En este blog compartimos información generada por el equipo de Observatorio, sobre las distintas problemáticas de salud y análisis de las políticas públicas.
BLOG DEL OBSERVATORIO: Acceso a servicios de salud para personas migrantes en México: barreras estructurales, respuestas sociales y desafíos para una política integral
México se ha consolidado en las últimas décadas como un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Esta condición ha tensionado de manera creciente a las instituciones públicas, particularmente al sistema de salud, que enfrenta el reto de garantizar el derecho a la protección de la salud de poblaciones con trayectorias de movilidad diversas y marcadas por altos niveles de vulnerabilidad. Migrantes en tránsito, personas refugiadas, solicitantes de asilo y personas repatriadas comparten, con matices específicos, un conjunto de barreras estructurales que limitan su acceso efectivo a los servicios de salud, pese al reconocimiento formal de este derecho en el marco jurídico mexicano.
La evidencia acumulada por más de quince años de investigación ha mostrado de manera consistente que el acceso a la salud para personas migrantes en México no puede comprenderse únicamente como un problema de disponibilidad de servicios, sino como el resultado de un entramado complejo de factores financieros, administrativos, geográficos, organizacionales y socioculturales que operan de forma simultánea y acumulativa (1, 2, 3).
Desde el punto de vista financiero, persiste la idea de que la atención a personas migrantes representa una carga excesiva para el sistema de salud. Sin embargo, diversos análisis empíricos han demostrado que los costos asociados a la atención de las principales necesidades de salud de las personas migrantes son relativamente manejables y previsibles dentro del presupuesto público (4, 5).
El problema central no es el monto del gasto, sino la ausencia de mecanismos claros y sostenibles de financiamiento, lo que genera incertidumbre institucional y respuestas fragmentadas, generalmente limitadas a la atención de urgencias.
Las barreras administrativas constituyen uno de los obstáculos más persistentes y documentados. A pesar de que la normativa establece que ninguna persona debe ser privada de atención por carecer de documentos, en la práctica la exigencia de identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio o afiliación a esquemas de aseguramiento se traduce en exclusión sistemática, especialmente en el primer nivel de atención. Para personas migrantes en tránsito, cuya movilidad es constante, y para solicitantes de asilo con trámites en proceso, estos requisitos funcionan como filtros que niegan el acceso oportuno a servicios preventivos y de atención primaria (1).
El acceso geográfico refuerza estas desigualdades. Los principales corredores migratorios —en particular la frontera sur y ciertas ciudades del centro y norte del país— coinciden con regiones donde los servicios de salud presentan limitaciones históricas de infraestructura, personal y capacidad resolutiva. La concentración de población migrante en contextos locales ya tensionados genera saturación de servicios y profundiza las inequidades territoriales en salud.
A estas barreras se suma el estigma y la discriminación, que atraviesan la experiencia cotidiana de las personas migrantes en su interacción social y en las instituciones de salud no es una excepción (6). Narrativas de criminalización de la migración irregular y prejuicios asociados al origen nacional o étnico se reproducen en prácticas institucionales que desincentivan la búsqueda de atención. El temor a ser maltratadas, rechazadas o incluso denunciadas ante autoridades migratorias lleva a muchas personas a postergar la atención hasta que los padecimientos se agravan, incrementando riesgos y costos tanto individuales como colectivos. En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil y las casas del migrante han desempeñado un papel fundamental como mecanismos alternativos de acceso a la salud. A lo largo de distintas regiones del país, estos espacios ofrecen atención médica básica, orientación en salud sexual y reproductiva, apoyo psicosocial y acompañamiento para la referencia a servicios especializados. Más allá de suplir carencias del sistema público, estas organizaciones han desarrollado modelos de atención centrados en la dignidad, la confianza y el acompañamiento integral, evidenciando la importancia de enfoques comunitarios y de proximidad (7).
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo: vulnerabilidades prolongadas y exclusión institucional
Dentro del amplio espectro de la movilidad humana, las personas refugiadas y solicitantes de asilo enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad que complejizan aún más su acceso a la salud. A diferencia de quienes transitan por el país en periodos relativamente cortos, estas personas permanecen durante meses o años en territorio mexicano mientras se resuelve su situación jurídica, lo que implica necesidades de salud continuas y de mayor complejidad, incluyendo atención a enfermedades crónicas, salud mental, salud sexual y reproductiva y procesos de rehabilitación.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ocupa un lugar central en estas trayectorias, pero su capacidad de respuesta se ha visto severamente limitada por restricciones presupuestales, insuficiencia de personal y una expansión acelerada en el número de solicitudes de asilo. Esta brecha entre demanda y capacidad institucional se traduce en retrasos prolongados en la resolución de trámites, generando un estado de incertidumbre jurídica que impacta directamente en el acceso a derechos básicos, incluido el derecho a la salud. La falta o vencimiento de documentos provisionales impide, en la práctica, el acceso regular a servicios de salud públicos, reproduciendo barreras administrativas que contradicen el marco normativo vigente. A ello se suma un fenómeno reciente y particularmente preocupante: el incremento sustantivo en los costos asociados a los trámites de regularización y permanencia en México (8).
Para personas solicitantes de asilo y refugiadas que enfrentan restricciones para incorporarse al mercado laboral formal, estos costos representan una barrera económica estructural que obliga a priorizar el pago de trámites sobre otras necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda o la atención médica.
Las trayectorias de refugio están, además, marcadas por experiencias acumuladas de violencia, persecución, desplazamiento forzado y rupturas familiares. La evidencia documenta una alta prevalencia de problemas de salud mental, particularmente síntomas depresivos, ansiedad y estrés postraumático (9). Sin embargo, la atención en salud mental sigue siendo uno de los componentes más débiles del sistema, debido a la escasez de servicios especializados, la falta de continuidad en la atención y el estigma persistente en torno a estos padecimientos (10)
Determinantes sociales de la salud y la necesidad de un enfoque multisectorial
La experiencia de salud de las personas migrantes —y de manera particularmente aguda la de refugiadas y solicitantes de asilo— no puede entenderse al margen de los determinantes sociales que estructuran su vida cotidiana. La precariedad laboral, el acceso limitado a la educación, las condiciones inadecuadas de vivienda, la inseguridad alimentaria y la exposición a contextos de violencia configuran un entramado de desventajas que impacta directamente en el bienestar físico y mental (11).
En este sentido, la salud no puede abordarse exclusivamente desde el sector sanitario. La evidencia subraya la urgencia de adoptar un enfoque integral de determinantes sociales, que articule las políticas de salud con estrategias de empleo, educación, vivienda, protección social y seguridad. Sin esta visión amplia, las intervenciones sanitarias corren el riesgo de ser fragmentadas, paliativas y de corto alcance.
Recientemente se presentó en México, la Estrategia Nacional para la Atención para la Atención de Personas en Contexto de Movilidad cuyo objetivo general es garantizar el derecho a la salud para migrantes sin importar su condición, mediante seis objetivos específicos: 1) acceso efectivo a servicios de salud; 2) promoción de la salud; 3) prevención de enfermedades; 4) mejora de salud sexual y reproductiva; 5) salud mental; y 6) información paara la acción mediante el monitoreo para el seguimiento integral mediante sistemas de información. La estrategia se vincula directamente con el objetivo 6 del Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2025-2030 (12).
Los ejes estratégicos transversales consideran: i) la gobernanza en relación al liderazgo de la Secretaría de Salud a nivel Federal y la coordinación intersectorial; ii) la Atención Primaria a la Salud con un modelo centrado en la persona; determinantes sociales; y iii) un enfoque de curso de vida. Los principios recores son: la perspectiva de Derechos Humanos, género, equidad en salud, interés superior en la infancia y la adolescencia, la pertinencia cultural y la intersectorialidad. La operación de esta estrategia se plantea mediante la coordinación del nivel federal a través de la Secretaría de Salud cuyo role es de rectoría, diseño de políticas y seguimiento. Se suma el nivel estatal a través de los Servicios Estatales de Salud cuyo rol es el enlace, coordinación regional y adaptación de la estrategía con la acción clave de llevar las sesiones del Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Finalmente se considera el nivel jurisdiccional o distritos sanitarios cuyo rol es la implementación, operación en campo y coordinación local de la estrategia mediante la articulación con albergues, municipios y sociedad civil.
Sin embargo, la Estrategia no atiende de forma clara los determinante sociales de la salud de los diferentes grupos de personas en movilidad ya que las acciones se focalizan en el sector salud sin una visión multisectorial. Por otro lado, se centra particularmente en personas migrantes en tránsito y personas repatriadas dejando de forma marginal a las personas solicitantes de asilo y de refugio.
El trabajo presentado reciente sobre las siete recomendaciones de política pública en salud y migración insiste en la necesidad de una respuesta multisectorial e interinstitucional, capaz de coordinar de manera efectiva a las dependencias de salud, migración, trabajo, desarrollo social, educación y seguridad, así como a las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes no puede recaer en acciones aisladas ni en esfuerzos extraordinarios, sino que requiere una política de Estado sostenida, con financiamiento adecuado, mecanismos claros de coordinación y una perspectiva de derechos humanos (13).
Recomendaciones
Con base en la evidencia disponible, se proponen tres acciones prioritarias para mejorar el acceso a la salud de las personas migrantes en México:
- Eliminar barreras administrativas mediante mecanismos de identidad sanitaria temporal, que permitan el acceso efectivo al primer nivel de atención independientemente del estatus migratorio o la etapa del trámite.
2. Fortalecer modelos de atención territorial y móvil en corredores migratorios, con énfasis en salud mental y atención primaria, articulando al sector salud con organizaciones sociales y casas del migrante.
3.Consolidar un enfoque multisectorial de determinantes sociales, integrando salud, trabajo, vivienda, educación y protección social como ejes centrales de una política integral de migración y salud.
- Eliminar barreras administrativas mediante mecanismos de identidad sanitaria temporal, que permitan el acceso efectivo al primer nivel de atención independientemente del estatus migratorio o la etapa del trámite.
Conclusión.
El acceso a servicios de salud para personas migrantes en México constituye un desafío estructural que interpela directamente al modelo de protección social y a la capacidad del Estado para garantizar derechos en contextos de alta movilidad humana. La evidencia producida durante más de una década muestra que las barreras no son inevitables, sino el resultado de decisiones institucionales y políticas. Superarlas exige voluntad política, financiamiento adecuado y una visión integral que coloque la dignidad humana y la justicia social en el centro de la respuesta pública.
Referencias
- Infante C, Vieitez-Martinez I, Rodríguez-Chávez C, Nápoles G, Larrea-Schiavon S, Bojorquez I. Access to health care for migrants along the Mexico-United States border: applying a framework to assess barriers to care in Mexico. Frontiers in public health. 2022, 10, 921417. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.921417
- Leyva-Flores R, Infante C, Serván-Mori E, Quintino F, Silverman-Retana O. Acceso a servicios de salud para los migrantes centroamericanos en tránsito por México. Guadalajara: CIESAS. 2015.
3. Llanes-Díaz N, Bojórquez-Chapela I, Odgers-Ortiz O. Oferta de servicios de salud sexual y reproductiva a personas migrantes centroamericanas en Tijuana. Revista Panamericana de Salud Pública. 2023 47, e56. https://doi.org/10.26633/RPSP.2023.56.
4. Bojórquez I, Cerecero-García D, Orraca-Romano PP, Fernández-Niño J, Rojas-Botero M, Infante C. Atención en salud a migrantes en tránsito: estimación del costo para el sistema de salud en México. Salud Publica Mex. 2024, 66 (6):816-23. https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/15736
5. Leyva-Flores R, Aracena-Genao B, Bustamante ND, Bojorquez I, Cortés-Alcalá R, Gómez-López D, Pérez-Sastré MA. Ten-year hospitalization trends in Mexico: Examining the profile of national and transient and migrants. Frontiers in Public Health. 2023 10. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1060861
6. Stoesslé P, Salazar FG. Percepción de los profesionales de salud sobre los migrantes en situación irregular en Nuevo León, México. La cuestión de la cultura y los excesos del culturalismo. En: Cadena-Roa J, Martínez Sánchez ML (cordinadores). Las Ciencias Sociales en la Transición. Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, AC.Universidad Autónoma de Nuevo León. 2021.71-92 https://www.comecso.com/wp-content/uploads/VIICNCS/pdfs/Vol6_FormacionFinal.pdf#page=71.
7. René Leyva Flores, César Infante Xibillé Frida Quintino Pérez. Migrantes en tránsito por México:situación de salud, riesgos y acceso a servicios de salud. Primera edición. Instituto Nacional de Salud Pública; 2016. https://www.insp.mx/images/stories/2018/Docs/180724_Migrantes_transito_16may.pdf
8. Rodrigo Soriano. Los diputados incrementan un 100% el precio del visado a extranjeros y el pase a los museos y sitios arqueológicos en México. El País, México, octubre 16. México. https://elpais.com/mexico/2025-10-16/los-diputados-incrementan-un-100-el-precio-del-visado-a-extranjeros-y-el-pase-a-los-museos-y-sitios-arqueologicos-en-mexico.html
9. Fernández MMV. Impacto Psicológico y Salud Mental en la Población Refugiada Una mirada desde el Enfoque Integrativo Supraparadigmático (EIS). Psicoterapia Integrativa. 2020, 6.https://icpsi.cl/wp-content/uploads/2020/07/AcPI-Vol-XI-2020.pdf#page=6
10. Bojórquez-Chapela I, Leyva-Flores R, Gómez-López D, Vázquez EK, Cortés-Alcal, R. Forced migration and psychological distress among migrants in transit through Mexico. Salud Pública de México. 2024 66(2), 173-18. https://doi.org/10.21149/14829
11. Van der Laat C.La migración como determinante social de la salud. La migración internacional como determinante de la salud social en Chile: evidencia y propuesta para políticas públicas. Santiago de Chile: Programa de Estudios Sociales en Salud, Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo.2017.
12. Estrategia nacional para la atención a la salud de personas en contexto de movilidad
Humana. Versión 1.0 Secretaría de Salud Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional. 2025.
13. Bojórquez-Chapela I, Vieitez-Martínez I, Larrea-Schiavon S, Rodriguez-Chávez C, Eguiluz-Cárdenas I, Orozco-Núñez E, Infante-Xibille C. Siete recomendaciones para mejorar la política de salud y migración en México. Salud Publica Mex. 2025,67(5):523-30. Disponible en: https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/16777
- El Dr. Philippe Stoesslé nos habla de su trabajo sobre salud, migración y acceso a servicios