Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos

Morelia.- La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que inicia este 1 de julio, puede representar una oportunidad para revisar y fortalecer la regulación de los programas de trabajo temporal y mejorar la protección de los derechos de las personas jornaleras agrícolas indígenas, coincidieron especialistas y representantes de organizaciones civiles durante el foro virtual Movilidad laboral indígena y programas de trabajo temporal en el contexto de la renegociación del T-MEC, organizado por la Red Binacional de Activismos e Investigación sobre Migraciones Indígenas (REBAIMI).

En el marco del Foro Virtual: Movilidad laboral indígena y programas de trabajo temporal en el contexto del T-MEC, los participantes expusieron, a partir de investigaciones de campo y del acompañamiento a comunidades migrantes en México, Estados Unidos y Canadá, los principales retos que enfrentan los trabajadores agrícolas desde los procesos de reclutamiento hasta sus condiciones laborales en los países de destino, además de plantear propuestas para incorporar mayores mecanismos de supervisión y garantizar el respeto a sus derechos.

En la exposición inicial, el Dr. Gaspar Rivera-Salgado, director del Centro de Estudios sobre México de la Universidad de California (UCLA), explicó que el programa de visas H-2A se sostiene mediante un sistema en el que empresas agrícolas reclutan trabajadores en México para emplearlos en Estados Unidos. Como ejemplo mencionó el caso de Fresh Harvest, que en 2024 contrató a 4,156 jornaleros. Advirtió que recientes cambios en la regulación impulsados por el sector agrícola estadounidense permiten descontar de los salarios los gastos de alimentación y vivienda, lo que representa una reducción efectiva de entre 3 y 5 dólares para quienes reciben el salario mínimo establecido en Estados Unidos.

Añadió que el H-2A supera actualmente los 400 mil contratos anuales y que su cobertura se ha ampliado al sector de la producción lechera, también por una orden ejecutiva del gobierno americano. “El programa ha crecido de una manera exponencial. Ha habido cambios recientes en la baja de salarios de estos trabajadores y ahora se abre la posibilidad de que otros sectores recluten trabajadores huéspedes”, afirmó.

Por su parte, Xochi Quetzal López Guzmán, doctorante de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), analizó la evolución del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) entre México y Canadá, que este año cumple cinco décadas de funcionamiento. Explicó que el programa movilizó a más de 24 mil jornaleros en 2021 y alrededor de 26 mil durante 2025, principalmente hacia Ontario, Quebec y Columbia Británica, mediante un esquema en el que participan autoridades mexicanas, consulados y organizaciones de empleadores canadienses.

A partir de trabajo de campo con comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, documentó que el PTAT convive con otras formas de migración laboral, como el ingreso de mexicanos con visa de turista para incorporarse al trabajo agrícola, situación que se redujo tras el restablecimiento del requisito de visa en 2024.

En su intervención, el Dr. Casimiro Leco Tomás, coordinador del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), manifestó que los programas de trabajo temporal responden a las necesidades de mano de obra del mercado estadounidense y operan mediante acuerdos que pueden modificarse sin mecanismos binacionales de supervisión. Abundó que esta situación ha favorecido la proliferación de agencias de reclutamiento e intermediarios que actúan fuera de la regulación, con casos de fraude, robo de identidad y cobros de hasta 60,000 pesos por gestionar u ofrecer ventajas para conseguir una visa laboral.

También refirió la existencia de campamentos de entrenamiento, en los que aspirantes a jornaleros pagan y permanecen durante semanas fuera de sus comunidades para ser capacitados y evaluados antes de acceder a un contrato. “Esto ha generado muchos debates desde el punto de vista político, económico, social, cultural, racial incluso, y que Estados Unidos también se mete en una dinámica en la que implementa un programa como ICE para detener a trabajadores y deportarlos”, valoró el académico nicolaita sobre la compleja situación que enfrentan los jornaleros que buscan llegar al “sueño americano”.

En este tenor, Abelina Ramírez Ruiz, directora de Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras e Indígenas, en San Quintín, Baja California, explicó que miles de familias indígenas provenientes de Veracruz, Chiapas, Puebla, Guerrero y Oaxaca participan cada año en la producción agrícola destinada a la exportación.

Documentó que algunas empresas mantienen a los jornaleros durante periodos de hasta 5 años bajo la promesa de obtener una visa H-2A y denunció prácticas para evadir obligaciones laborales, como el cambio de razón social para limitar el acceso a la seguridad social y otras prestaciones. “La revisión no solamente tiene que ver con la prosperidad económica de los empleadores o con las ganancias de los gobiernos; también debe garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores”, sostuvo.

Finalmente, Juvenal Solano, director del departamento de organización comunitaria de MICOP en Estados Unidos, explicó que los jornaleros indígenas enfrentan obstáculos adicionales porque los procesos de reclutamiento, las entrevistas consulares y los contratos no se realizan en sus lenguas originarias.

En muchos casos optan incluso por no presentar quejas, pues corren el riesgo de no ser convocados el próximo año, “entonces, simplemente se aguantan, porque pues saben que si levantan la voz ya no van a regresar”, narró sobre problemáticas que ha conocido de primera mano en Oxnard, California. También refirió que muchos trabajadores con visas H-2A viven en campamentos cerrados, con movilidad restringida y en donde el acceso a servicios básicos dependen de las propias empresas agrícolas.

Las agencias de reclutamiento

Durante la sesión de preguntas, los participantes retomaron el tema de las agencias de reclutamiento y el riesgo de que los jornaleros sean víctimas de fraude o de grupos delictivos. Casimiro Leco Tomás indicó que, aunque no existe un registro preciso debido a que muchas de estas agencias desaparecen tras ser denunciadas, en Michoacán se tiene el caso reciente de cuatro denunciadas, sin que hasta ahora se conozcan avances en las investigaciones.

Por su parte, Abelina Ramírez Ruiz planteó que la contratación directa entre empresas y trabajadores contribuiría a reducir las estafas en la intermediación y disminuiría el riesgo de que los jornaleros sean captados por grupos criminales.

Respecto a la revisión del T-MEC, los académicos y especialistas coincidieron en que la incorporación de los programas de trabajo temporal al tratado luce inviable porque Estados Unidos las ha considerado históricamente un asunto de política de seguridad interna. Si bien Xochi Quetzal López Guzmán ponderó que la experiencia del PTAT ofrece un referente de éxito para buscar un esquema institucional, el Dr. Gaspar Rivera-Salgado consideró que, bajo el modelo actual de gestión unilateral de las visas H-2A, las posibilidades de incorporar cambios de fondo continúan siendo muy limitadas.