Migración en tránsito

La movilidad migratoria en México continúa marcada por las dificultades que enfrentan las personas en tránsito y por el endurecimiento de las políticas de contención impulsadas por Estados Unidos. Mientras alrededor de 400 personas, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, retomaron su camino desde Pijijiapan, Chiapas, como parte de la caravana «Fe y Esperanza 2», el gobierno estadounidense anunció que negará o revocará visas a quienes organicen caravanas migrantes, con más de 15 personas sancionadas durante la última semana. En paralelo, la Embajada de Estados Unidos destacó los resultados de la cooperación bilateral en seguridad y control fronterizo, al reportar una reducción del 95 por ciento en las detenciones de la Patrulla Fronteriza durante los últimos 12 meses. En este contexto de mayor vigilancia y restricciones, también persisten las barreras para garantizar derechos fundamentales: una investigación de la Universidad Iberoamericana documentó obstáculos en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y personas LGBTIQA+ migrantes en México.

Inmigración

Las condiciones de seguridad, el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas inmigrantes en Estados Unidos concentraron la atención informativa de la semana. En Texas, un gran jurado presentó cargos por agresión agravada con arma mortal contra un agente de ICE que atropelló al inmigrante mexicano Miguel Parra Hernández, un caso que podría derivar en una condena de hasta 20 años de prisión. Al mismo tiempo, en Chicago, alrededor de 90 menores migrantes no acompañados fueron convocados a comparecer ante tribunales de inmigración en un periodo de dos días, incluidos niños de apenas cuatro años, lo que generó preocupación entre sus representantes legales por el escaso tiempo para preparar sus casos. A estos hechos se suma un análisis de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que encontró que la tasa de mortalidad en los centros de detención de ICE durante el último año duplicó el promedio histórico. Frente a este panorama, también surgieron voces públicas que cuestionan la criminalización del fenómeno migratorio, como la del actor Gael García Bernal, quien señaló que la migración es utilizada como instrumento político pese a ser fundamental para la vida social y cultural.

Deportación

La política de deportaciones en Estados Unidos continúa endureciéndose tanto en su dimensión operativa como en los criterios jurídicos que determinan quién puede permanecer en el país. Durante la semana, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) estableció que tener una solicitud de residencia permanente pendiente no constituye, por sí mismo, una razón suficiente para reabrir un procedimiento de deportación concluido. Asimismo, reforzó los requisitos para obtener protección bajo la Convención contra la Tortura, al determinar que las personas solicitantes deben presentar pruebas concretas e individualizadas del riesgo que enfrentarían en caso de ser expulsadas, pues las referencias generales a la violencia o inseguridad de sus países de origen no son suficientes. En el ámbito de las operaciones migratorias, ICE arrestó en Pensilvania a un ciudadano cubano de 70 años que tenía una orden final de deportación desde 2009, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó sobre la deportación a México de ciudadanos colombianos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, sin precisar el número de personas ni el procedimiento aplicado. Estos acontecimientos reflejan un escenario de mayores obstáculos legales para frenar las expulsiones y de continuidad en el traslado de personas deportadas hacia territorio mexicano.