El tiempo de la espera: burocracia, trauma y exclusión para personas LGBTIQ+ solicitantes de refugio en México
El tiempo de la espera: burocracia, trauma y exclusión para personas LGBTIQ+ solicitantes de refugio en México
Agradecimientos:
Las autoras agradecen a Casa Frida Refugio LGBT por su apoyo para llevar a cabo esta investigación, así como a las personas participantes en las entrevistas. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a Junek Vargas por su apoyo durante el trabajo de campo y su colaboración en el proyecto T-PROTECT, y a Nerea Yera por sus valiosos comentarios, así como por la revisión y edición de este artículo.
Una cita que se retrasa, un documento “en trámite”, o un permiso que caduca antes de que llegue la siguiente resolución. Para muchas personas LGBTIQ+ solicitantes de refugio en México, la vida se organiza alrededor de una espera constante que no solo retrasa decisiones, sino que las vuelve imposibles. No se trata únicamente de burocracia lenta, sino más bien de una forma de existencia en suspenso.
Mientras los procedimientos y la burocracia avanzan muy lentamente, las necesidades más básicas no se detienen. Hay que trabajar, encontrar vivienda, acceder a servicios de salud, sostener redes de apoyo y construir una vida en un país nuevo. Pero todo eso ocurre bajo una condición frágil, siempre condicionada a un estatus que puede cambiar, vencerse o quedar congelado. En ese contexto, la espera no es neutral: produce incertidumbre, limita opciones y excluye.
La socióloga Cecilia Menjívar (2006) llama a esto legalidad liminal: una zona intermedia en la que las personas cuentan con cierto estatus legal, pero no con el acceso pleno a derechos, y quedan atrapadas entre la regularización y la deportación.
En México, ese limbo se sostiene mediante permisos de corta duración, trámites demasiado lentos y renovaciones constantes que convierten lo provisional en una forma continua de precariedad. En 2024, casi 80,000 personas solicitaron protección internacional en México (ACNUR, 2025), y el rezago acumulado dejó a más de 45,000 personas esperando más de un año sin resolución (Méndez, 2025). Con el cierre de las estadísticas públicas en 2025, no es posible dimensionar el problema con exactitud, lo que en sí mismo es sintomático. Sin embargo, a raíz de esta investigación se supo que, en 2025, casi 70,000 personas solicitaron reconocimiento del estatuto de refugio en México.[4] La espera actual es de entre siete meses y más de un año. Durante este tiempo, las personas no pueden trabajar formalmente, ni abrir una cuenta bancaria, ni alquilar una vivienda digna sin ser explotadas.
Cuando esperar excluye
La espera tiene efectos muy concretos. Aunque algunos estudios han demostrado un cierto grado de agencia y empoderamiento en personas a la espera de resolución de sus procesos de refugio (Rotter, 2016), la gran mayoría de investigaciones documenta los efectos devastadores de la espera prolongada sobre la salud física y mental (Auyero, 2013; Turnbull, 2016). Sin documentos vigentes o con procedimientos sin resolver, las personas no pueden acceder a empleo formal, continúan en la informalidad y se quedan sin protección social. Desde las entrevistas realizadas en el marco de ambos proyectos, la mayoría de las personas en proceso ante COMAR no tienen acceso a trabajo formal ni a vivienda adecuada, enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud y carecen de acceso a educación o salud mental. Las excepciones son escasas y se limitan, en algunos casos a la terapia ofrecida por los albergues. Lo que en el papel aparece como una etapa transitoria se vuelve, en la práctica, una condición estructural de precariedad. Además, como ha mostrado la literatura sobre salud mental en personas solicitantes de refugio, la espera indefinida no solo desgasta, sino que también agrava la ansiedad, la desesperanza y los efectos de violencias previas (Phillimore y Cheung, 2021; Piñeiro e Ibarra, 2025).
El caso de Jonnathan[5], un hombre gay de 31 años que llegó a México huyendo de la violencia extrema en Honduras, muestra con claridad ese problema. Inició su solicitud de refugio en junio de 2024 en Chiapas, cumplió con cada requisito, acudió a firmas periódicas y asistió a entrevistas. Aun así, su resolución fue negativa. Desde entonces, comenzó otra fase menos visible pero igual de determinante: la espera de apelaciones, traslados por temas de salud y una vida en Ciudad de México basada en la incertidumbre.
En el momento de la entrevista, con su CURP vencida, Jonnathan no podía continuar sus estudios ni acceder a un empleo formal, y eso lo empujó a la economía informal, sin estabilidad ni protección. Su historia muestra cómo la gestión del tiempo puede convertirse en una herramienta de control. Se permite la presencia, pero no la permanencia. Es decir, se tolera que la persona esté, pero no se garantiza que pueda construir una vida. Como relató Jonnathan sobre el cierre de puertas de las organizaciones que ayudan a los refugiados:
"Ellos me dicen que tengo que tener un proceso de regularización activa y para ellos eso es como que estoy inactivo, como que no esté en un proceso de regularización."
Violencias que se acumulan
En el caso de las personas LGBTIQ+ desplazadas, esa exclusión no empieza en la ventanilla migratoria. Muchas llegan a México después de años de violencia acumulada: rechazo familiar, agresiones en la infancia, vigilancia religiosa, ocultamiento forzado de la identidad, discriminación en la escuela o el trabajo, relaciones abusivas y daño psicológico persistente (Valenzuela Barreras y Anguiano Téllez, 2022; Llanes-Díaz, Zarco-Ortiz y del Monte-Madrigal, 2025). Su desplazamiento es el resultado de una trayectoria larga de despojo emocional, social y material.
Por eso, la espera y la violencia institucional no actúa sobre una hoja en blanco, sino sobre biografías ya marcadas por el trauma. Cuando el Estado responde con lentitud, requisitos (casi) imposibles o trámites interrumpidos, no solo retrasa la integración, sino que también reabre el sentimiento de rechazo. Para muchas personas LGBTIQ+, la burocracia no es una experiencia aparte de la violencia vivida, sino su prolongación de la misma.
Esto es muy importante porque en el discurso público, la integración suele pensarse como una secuencia lineal y un desenlace natural, en la que una persona llega a su país de destino, se regulariza, consigue empleo, alquila vivienda y pertenece. Pero esa expectativa suele ignorar las condiciones materiales que hacen posible esa integración: acceso real a derechos, estabilidad jurídica, oportunidades económicas y entornos seguros.
Las trayectorias de las personas desplazadas, y en particular de las personas LGBTIQ+, rara vez se ajustan a ese orden. Sus vidas se construyen en medio de interrupciones, cambios de ciudad, pérdidas, nuevos vínculos y procesos identitarios que no ocurren en tiempos previsibles. Además, en el caso de las personas LGBTIQ+ desplazadas, esa brecha es todavía más profunda, porque la incertidumbre legal se suma a la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, y a los efectos psicoemocionales de la violencia previa (Serra Mingot, 2025).
Un tiempo que no encaja
Si la legalidad liminal describe el andamiaje institucional que produce la espera; el tiempo queer (Jack Halberstam, 2005), explica por qué esa espera afecta de forma particular a personas LGBTIQ+, cuyas trayectorias vitales ya no encajan en los ritmos que el sistema asume como norma.
Para muchas personas LGBTIQ+, la salida del clóset, la búsqueda de comunidad o la posibilidad de identificarse con libertad ocurre en momentos atravesados por precariedad, desplazamiento o duelo. No es un camino estable ni homogéneo. Es más bien un proceso fragmentado, y además exige tiempo, seguridad y acompañamiento.
El tiempo queer, según Halberstam (2005), está atravesado por la incertidumbre sobre el futuro. En el caso de las personas LGBTIQ+ desplazadas en México, si una persona vive con un permiso por vencer, con una apelación pendiente o con miedo a perder el acceso a un documento, resulta casi imposible proyectarse a mediano plazo. ¿Cómo buscar un empleo estable si no se sabe si el permiso seguirá vigente? ¿Cómo alquilar una habitación si los papeles no ofrecen certeza? ¿Cómo construir comunidad si la permanencia misma está en duda?
Por eso, hablar de integración sin hablar de temporalidad deja fuera el problema central. No basta con pedir adaptación a personas que ya vienen cargando violencia y que, además, enfrentan un sistema que mantiene en suspensión, sometidas a una espera forzada (Vargas 2024). La responsabilidad no puede recaer solo en quienes intentan reconstruir su vida en condiciones tan desiguales.
Entre el mandato legal y la práctica institucional
México no llega al problema del refugio sin herramientas jurídicas. Al contrario: cuenta con uno de los marcos normativos más sólidos de América Latina. El Estado parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, instrumentos que obligan a garantizar el derecho a la vivienda, al trabajo y a la educación de las personas solicitantes de refugio mientras permanezcan en situación de desplazamiento. Además, en 2011 se promulgó la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, cuyo objeto explícito es garantizar «el pleno respeto a los derechos humanos» de solicitantes y personas refugiadas. En el papel, el Estado mexicano no solo conoce sus obligaciones, sino que las ha codificado y suscrito.
El problema no es la ausencia de ley. Es la distancia entre lo que la ley establece y lo que ocurre en la práctica. La Convención de 1951 reconoce el derecho al trabajo de las personas refugiadas y exige que sean tratadas, como mínimo, en las mismas condiciones que el resto de la población extranjera. La ley mexicana de 2011 recoge ese principio. Y, sin embargo, como muestran los testimonios recogidos en esta investigación y la literatura existente, la mayoría de las personas en proceso ante la COMAR no pueden acceder a empleo formal, abrir una cuenta bancaria o alquilar una vivienda digna mientras esperan una resolución que puede tardar más de un año. No es que la ley lo prohíba: es que el sistema de permisos provisionales, con vigencias cortas y renovaciones inciertas, hace imposible cumplir los requisitos que empleadores, bancos y arrendadores exigen.
Esta brecha no es un accidente administrativo, sino un problema estructural. Cuando el Estado emite documentos de corta duración, no actualiza estadísticas públicas y acumula un rezago de casi 60% sin resolver, está configurando activamente un espacio de exclusión legal que contradice sus propias obligaciones internacionales. La legalidad liminal que describe Menjívar (2006) no es solo una realidad vivida por las personas migrantes: es, en México, el resultado directo de una política de gestión del tiempo que el Estado ha elegido sostener.
¿Quién cubre los vacíos?
Ante esa brecha, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no actúan como complemento del Estado: actúan como su sustituto. Para miles de personas desplazadas, cuyas vidas han quedado suspendidas en la espera, las OSC representan en Ciudad de México, y en muchas otras ciudades del país, la única vía de acceso real a derechos reconocidos por la ley, pero no garantizados por el sistema. Ofrecen alojamiento, atención sanitaria, asesoría legal y, en los mejores casos, acompañamiento hacia la autonomía. Pero la mayoría lo hacen en condiciones de emergencia, con recursos limitados y por períodos acotados, lo que significa que su alcance, por sólido que sea, no puede reemplazar la responsabilidad estatal.
Casa Frida Refugio LGBTIQ+ representa, en ese contexto, una excepción significativa y, al mismo tiempo, una demostración involuntaria del fracaso sistémico. Fundada en 2020, ha alojado a más de 7,000 personas LGBTIQ+ desplazadas y opera con un modelo de atención integral orientado a la autonomía: noventa días de acompañamiento psicosocial, atención médica, asesoría legal y apoyo para la inserción laboral, además de un programa de vivienda de transición. Lo que distingue a Casa Frida no es solo la atención que ofrece, sino el tiempo con el que la ofrece: un tiempo protegido, sin los cortes abruptos que impone la burocracia migratoria, y un acompañamiento no lineal que respeta que los procesos de integración de personas LGBTIQ+ no sigan la secuencia ordenada que las políticas públicas suelen suponer. Como señala Félix, hombre gay cubano que fue usuario y hoy trabaja allí: «Las perspectivas de cada usuario son distintas y hay que respetarlas; no puede ser en general.»
Otro tipo de apoyo indispensable que proporciona Casa Frida para que la inclusión no se quede en el discurso, es el acompañamiento psicosocial:
“La integración aquí nos está saliendo bien porque existen muchas consultas psicosociales. Lógicamente, aunque una persona no se crea capaz de decir que necesita una consulta psicosocial, siempre se necesita. Se necesita de alguien profesional que te impulse hacia una integración más digna.”
Pero precisamente porque Casa Frida funciona, porque llena el espacio que el Estado deja vacío, su existencia no puede leerse solo como un logro de la sociedad civil. Es también la evidencia más clara de hasta dónde llega la brecha entre lo que México se comprometió a garantizar y lo que realmente ofrece a las personas que buscan protección en su territorio. Que el acceso a derechos reconocidos por la ley dependa de si una persona llega a tiempo a una cama en un refugio sostenido por solidaridad internacional no es un modelo de integración. Es la ausencia de uno.
Lo que el Estado debe cambiar
Si la espera produce exclusión y revictimización, entonces no puede seguir tratándose como un detalle técnico. Es un problema político central. Definir quién espera, cuánto tiempo y en qué condiciones es también definir quién puede integrarse y quién se queda fuera.
Replantear este panorama implica agilizar procedimientos, pero también garantizar condiciones de vida dignas mientras esos procesos siguen abiertos. Implica reconocer que la integración no puede medirse con un reloj lineal ni con una idea homogénea de “adaptación”. Y exige políticas que entiendan que las personas LGBTIQ+ desplazadas no necesitan solo papeles: necesitan estabilidad, acompañamiento y reconocimiento.
Mientras la vida de estas personas siga marcada por la espera, la integración seguirá siendo una promesa difícil de cumplir. No porque no quieran integrarse, sino porque el sistema no les está dando las condiciones para hacerlo. Salir del limbo no depende solo de acelerar trámites. Supone reconocer que el derecho a permanecer no puede descansar en una temporalidad indefinida, y que la pertenencia real necesita mucho más que paciencia.
[1] Ester Serra Mingot es investigadora posdoctoral por la Secihti y está adscrita al CIDE, institución donde desde 2024 coordina una investigación longitudinal cualitativa sobre la integración de personas LGBTIQ+ desplazadas en México. A lo largo de este periodo, ha realizado 40 entrevistas semiestructuradas con personas migrantes y solicitantes de refugio, y 16 con actores clave en la Ciudad de México y Monterrey, bajo los protocolos de ética aprobados por el CIDE.
[2]Sevda Tunaboylu es investigadora postdoctoral en la Universitat de Barcelona y McGill University. Bajo su proyecto postdoctoral T-PROTECT realizó trabajo de campo en Ciudad de México entre febrero y mayo de 2026, en el marco de una estancia de investigación en el CISAN-UNAM bajo la supervisión de la Dra. Ariadna Estévez. Durante ese periodo llevó a cabo 30 entrevistas semiestructuradas con personas migrantes y solicitantes de refugio, y 22 entrevistas con actores clave, incluyendo personal de albergues, organizaciones de la sociedad civil, abogados y trabajadoras/es de primera línea en Ciudad de México. Las entrevistas fueron realizadas bajo protocolos de ética aprobados por la Universitat de Barcelona. Proyecto T-PROTEXT ha recibido financiación del programa Horizonte Europa mediante la beca Marie Skłodowska-Curie n.º 101210957. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de sus autores.
[3]Nota metodológica: Durante mayo de 2026, al identificar los puntos de encuentro y la complementariedad de ambas investigaciones, las autoras decidieron unir fuerzas en la Ciudad de México. Esta sinergia se planteó como una estrategia ética de cuidado metodológico, diseñada específicamente para evitar la sobrecarga y la duplicación de entrevistas a una misma población. Como resultado de este trabajo conjunto, se realizaron 5 entrevistas cualitativas con personas LGBTIQ+ desplazadas en el refugio Casa Frida. Este artículo se fundamenta de manera directa en estas cinco entrevistas compartidas, así como en el robusto bagaje de contexto y datos acumulados en los respectivos proyectos independientes.
[4]Este dato proviene de una solicitud de información formal a la Secretaría de Gobernación obtenida por uno de los informantes clave del proyecto T-PROTECT. La actual comisionada de la COMAR dejó de publicar estadísticas mensuales cuando asumió el cargo en 2025.
[5]Nota sobre confidencialidad: Con el fin de proteger de manera estricta la identidad, seguridad e integridad de todas las personas participantes, todos los nombres propios citados en este artículo han sido completamente modificados.
Referencias
ACNUR. (2025, 29 de abril). ACNUR presenta su informe de resultados 2024 «Un hogar en
México». Comunicado de prensa.
Auyero, J. (2013). Pacientes del estado. Buenos Aires: Eudeba.
Halberstam, J. (2005). In a queer time and place: Transgender bodies, subcultural lives. New
York University Press.
Llanes Díaz, N., Zarco Ortiz, E. A., y Del Monte Madrigal, J. A. (Coords.).
(2025). Movilidades sexogenéricas diversas en América Latina: Debates y perspectivas
teórico-metodológicas emergentes. El Colegio de México.
Menjívar, C. (2006). Liminal legality: Salvadoran and Guatemalan immigrants´ lives in the
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Méndez, A. (2025, 23 de enero). Con rezago de 60%, Comar encara repunte de peticiones de
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Phillimore, J., y Cheung, S. Y. (2021). The violence of uncertainty: Empirical evidence on
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Piñeiro, R. C., y Ibarra, C. S. (2025). Migración, fronteras y salud mental: efectos de la
pandemia y las políticas restrictivas en personas en tránsito por México. Huellas de la
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http://doi.org/10.36677/hmigracion.v10i19.21799
Rotter, R. (2016). Waiting in the asylum determination process: Just an empty interlude?
Time & Society, 25(1), 80-101.
https://doi.org/10.1177/0961463X15613654
Serra-Mingot, E. A Qualitative Analysis of the Integration Challenges Faced by Displaced
LGBTIQ + Persons in Mexico City. Sex Res Soc Policy 22, 2156–2168 (2025).
https://doi.org/10.1007/s13178-025-01105-8
Turnbull, S. (2016). ‘Stuck in the middle’: Waiting and uncertainty in immigration detention.
Time & Society, 25(1), 61-79.
https://doi.org/10.1177/0961463X15604518
Valenzuela Barreras, J. F., y Anguiano-Téllez, M. E. (2022). Nos une el dolor.
Vulnerabilidad y resiliencia de personas migrantes centroamericanas trans y gays en tránsito
por México. Estudios fronterizos, 23.
https://doi.org/10.21670/ref.2223107
Vargas, J.(2024) ‘Mexico City: forced waiting and the chronopolitics of migratory mobility’,
URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 14(1), pp. 125–141.
Este artículo cumplió con los lineamientos establecidos para la divulgación científica por el Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos.
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