Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos

Migración de tránsito

La migración en tránsito por México muestra una doble dinámica marcada por el endurecimiento de la política de asilo estadounidense: por un lado, una caída significativa de los flujos a niveles prepandemia y, por otro, una creciente inmovilidad de personas extranjeras varadas en ciudades fronterizas como Nogales y Ciudad Juárez. El bloqueo del asilo y la cancelación de mecanismos como CBP One han reducido drásticamente las detenciones y solicitudes formales de refugio, pero han producido una población migrante atrapada, sin opciones claras de regularización ni retorno, que enfrenta precariedad laboral, deterioro emocional y mayor exposición a rutas peligrosas y a redes de tráfico más costosas. En este contexto, el “retorno voluntario” aparece como una salida forzada para mexicanos y venezolanos, más asociada al desgaste y la falta de alternativas que a una decisión libre.

Inmigración

En Estados Unidos, la tendencia dominante es la profundización de una estrategia de control migratorio de alta confrontación, centrada en el ICE, que combina una ampliación de facultades operativas —incluidos allanamientos sin orden judicial— con un aumento de la violencia letal durante redadas. Estos hechos han generado una fuerte reacción política y social, especialmente en estados como Minnesota, donde legisladores y autoridades locales exigen la salida de la agencia tras varios tiroteos contra ciudadanos. Paralelamente, se abre un frente legislativo inédito con la presentación del proyecto de ley HR 7123, que propone desmantelar al ICE, evidenciando una polarización extrema: mientras el Ejecutivo refuerza la agencia, sectores del Congreso y de la sociedad civil cuestionan su legitimidad y su impacto en derechos humanos.

Deportación

La deportación se consolida como eje central de la política migratoria regional, impulsada por mayores recursos presupuestales al Departamento de Seguridad Nacional y por una aceleración de las expulsiones desde Estados Unidos. Este endurecimiento tiene efectos transnacionales claros: el aumento de personas deportadas hacia México y Centroamérica, muchas de ellas abandonadas en condiciones precarias y sin orientación, y la presión creciente sobre los programas de reintegración en países de origen. Casos como el de Nicaragua, con cientos de deportaciones en un solo mes, anticipan impactos económicos y sociales relevantes, incluidos riesgos para las remesas, mientras que en Centroamérica los gobiernos intentan responder con esquemas de reintegración que podrían verse rebasados si se mantiene el ritmo actual de retornos forzados.