Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos

Washington.-Los acuerdos alcanzados por distintos países centroamericanos para recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos se están topando con nuevas trabas legales. En El Salvador, una carta firmada por 12 expertos de la ONU que se ha conocido esta semana demanda con urgencia al presidente Nayib Bukele que explique la situación jurídica y de salud de 238 venezolanos recluidos desde el pasado 15 de marzo en su prisión de máxima seguridad, el CECOT, y le ha advertido que podría estar incurriendo en los delitos de tortura y desaparición forzada. Mientras, en Costa Rica, la Corte Suprema ha exigido liberar a 28 de los 200 inmigrantes de diferentes nacionalidades enviados por el Gobierno de Donald Trump que permanecen en albergues de los que no tienen permitido salir. 

[…]Aunque el acuerdo entre Bukele y Trump es secreto, varias investigaciones periodísticas han revelado que el interés real del mandatario salvadoreño no es la remuneración económica, como él lo dijo en sus redes sociales, sino la devolución de nueve líderes pandilleros de la MS-13 que podrían revelar detalles sobre sus negociaciones secretas con el Gobierno en una corte de Nueva York. Hasta la fecha, el Gobierno de Trump se ha mostrado complaciente en ese sentido con Bukele y ha deportado a dos de esos líderes, botando así años de trabajo de las entidades estadounidenses que lograron capturarlos. Está por verse si este trato puede seguir operando.