Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos

Nueva York.- Era solo cuestión de tiempo. Entre los primeros decretos que el presidente Donald Trump firmó horas después de jurar el cargo el 20 de enero figuraba uno que ordenaba revisar la financiación federal de todas las organizaciones sin ánimo de lucro para determinar si facilitaban la migración irregular. Casi dos meses después, su Administración ha iniciado esa revisión, poniendo bajo la lupa a aquellas ONG y gobiernos locales que proporcionen refugio, comida u otros servicios a inmigrantes y sugiriendo que podrían haber violado una ley utilizada para procesar a contrabandistas.

[…]En la misiva, fechada el martes, Hamilton pide a las entidades que reciban financiamiento del Programa de Refugios y Servicios (SSP) de la FEMA que respondan en un plazo de 30 días con una lista de los nombres e información de contacto de los inmigrantes a los que han ayudado, además de “una lista detallada y descriptiva de los servicios específicos prestados”.